jueves, 25 de febrero de 2010

El ladrón y su condición


En la resolución de 26 de mayo de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los estados contables del ejercicio 2005 -¡cuatro años!-de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas se ACORDÓ -entre otras cosas- a la vista de dicho informe instar a todas las formaciones políticas, tal y como establece la ley (su propia ley de Financiación), a que cumplieran tal obligación en los plazos establecidos y a que posibiliten, sin traba alguna, sus registros contables con transparencia para poder verificar el origen de las aportaciones privadas y su legalidad.
En esa misma resolución se pide al Gobierno que se justifiquen documentalmente los gastos por importes superiores a 100 euros así como implementar un procedimiento de justificación.
Se acuerda eso y algunas cosillas más. Y está muy bien que se les haga un seguimiento exhaustivo a los partidos políticos, aunque sea inútil.
Los datos que arrojó el informe, los últimos conocidos, eran estremecedores y lamentables, muy descriptivos de la calaña política que mantenemos.
Nuestros partidos políticos tenían deudas vencidas con entidades de crédito por valor de 39 millones de euros ( 1/3 del total de su endeudamiento bancario). De esta deuda, el 56% correspondía a créditos no devueltos a su vencimiento y el 44% restante a los intereses pendientes.
El lugar principal del podio en esta lista de morosos lo ocupaba el Partido Socialista de Cataluña que acumulaba deudas (arrastradas desde 1.994) por valor de 17’3 millones de euros, de los cuales 7’8 habían vencido y 6’5 millones de intereses le fueron graciosa y generosamente perdonados por La Caixa. Entonces -a lo mejor comprendemos así un poco mejor el juego político- el ministro de Industria era Josep (José) Montilla, actual presidente de la Generalidad.
El segundo clasificado era el P.S.O.E. (no hay que olvidar que es un partido de carácter federal). Tenía vencidos, por entonces, 6’7 de los 48 millones de euros que debía a los bancos de manera que entre el Partido Socialista Obrero Español y sus federados catalanes sumaban la friolera del 48% del total de la deuda bancaria de los partidos y el 54% de los créditos no pagados.
Seis partidos más acumulaban pólizas vencidas y no abonadas con entidades de crédito: Izquierda Unida, Unión Democrática de Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña -cuya deuda reconocida incluyó 2’7 millones de euros que, posteriormente, le fueron perdonados por La Caixa-, Eusko Alkartasuna, Partido Andalucista (en quiebra técnica al tener el 91% de sus créditos impagados) y Partido Popular aunque, seamos justos, en este caso, la deuda corresponde al descubierto en una cuenta abierta por la formación regional en Andalucía que, según el Tribunal de Cuentas ,debía figurar en el pasivo.
Más de 33 millones de euros han perdonado las entidades bancarias -esas que aprietan y ejecutan a las familias por cantidades despreciables- a los partidos políticos en los dos últimos lustros.
Si a todo esto le añadimos la financiación irregular, obtendremos un mapa de escarpada geografía inmoral y, ¿a qué no decirlo?, fraudulenta.
El P.S.O.E., casualmente, fue -según la extracción de datos del informe- el partido más beneficiado durante el período analizado con más de la mitad de las quitas bancarias. Ante la contundencia de los números, el P.S.O.E. abogó por "el derecho de las formaciones políticas a renegociar sus deudas como hace cualquier empresa", lo que no deja de ser o una ironía o una desfachatez. Desfachatez en la que abundó el P.P. alegando que era "como una transacción entre el banco y el partido en el que el primero renuncia parcialmente a sus derechos para poder hacer efectiva parte de la deuda, y evita dilatados procesos de ejecución con incierto final en muchos casos". Aunque el P.P. fue un poco más allá confiado y alentado, claro, por el buen estado de sus finanzas: "Es un sistema que debería ser entendido como algo usual dentro del mundo financiero y no considerarse un acto de liberalidad en sentido estricto".
Todo esto, grosso modo. Sin entrar en privilegiadas renegociaciones, etc...
Si después de esto, no decae la confianza en nuestros políticos ni se implementan recursos para la acción libre de la ciudadanía destinadas a remover a esta gentuza, lo mejor que podemos hacer es promover un nuevo premio Nobel (no novel, como dicen muchos "periodistas"): el de la gilipoyuá y postularnos, todos juntitos, en buena masa, como candidatos perpetuos.

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Demasiados secretos

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