viernes, 22 de junio de 2012

Jueces y partes

Podremos facultar a los hombres para ser juzgadores; investirles de autoridad  para dirimir los pleitos, Pero, no podemos, por mucha que sea nuestra soberanía y nuestra voluntad, dotarles ni de razón ni de sentido común. Ningún juez, por el hecho elemental de vestir una toga, es infalible. Y si algún juez cree tener esa potestad y esa gracia divina, más vale que vayamos poniéndole a buen recaudo.
En esa falsa asunción basan nuestros jueces su arrogancia. En eso, y en el hecho siempre consumado a priori de que son invulnerables, de que sus decisiones jamás les acarrearán consecuencias salvo en casos extremos y en los que la acción mediática de la comunicación sobresalta los goznes de las puertas.
Cuando un juez falsea el sentido común y la razón, falsea la justicia y se convierte en cómplice de la injusticia por pasividad o por permisividad. Esa complicidad, en sí misma, no sólo debería desautorizarlo como juzgador sino que, además, debería repercutir en forma de sanción penal.
Pondré un ejemplo que son miles.
Cuando una madre impide a un padre ver o hablar con sus hijos y un juez, sin que haya una medida previa y consolidada que lo ampare legalmente y lo justifique, determina y dicta -por su criterio exclusivo- que con independencia de la relación entre excónyuges la mujer (que no tiene ese derecho) puede hacerlo, dicho juez -a la madre la echamos de comer aparte- está incurriendo en varias abominaciones. La primera es que está sustentando y alentando una conducta lesiva para el padre conculcando, por omisión o por indolencia, el derecho fundamental de éste a ver y estar con sus vástagos. La segunda es que está propiciando una conducta irregular que suele desembocar en lo que ya se llama y está convenientemente reflejado en diversos estudios "síndrome de alienación parental". La tercera es que con su actitud está amparando una forma muy sutil de maltrato, de violencia psicológica infantil pues niega a los hijos su más que razonable derecho a estar con su progenitor. Además de manifestar un talante corrompido, el juez está vulnerando injustificadamente derechos básicos de varias personas y, por ende, es cómplice de aquellas tres abominaciones. Es cómplice y no vale el manido argumento de "es la ley". No vale porque son los propios jueces quienes reconocen que esa "ley" (como todas las demás) unas veces la aplican y otras la interpretan. Y, sinceramente, en asuntos tan delicados, o todos moros o todos cristianos.
Estas conducta, práctica y aplicación, se mire como se mire, son una forma más de delincuencia. Ejercida por un juez y, quizá, legalizada o permitida; pero, delincuencia con mayúsculas. Es algo que debería estar penalizado y que evitaría no sólo que los jueces procedieran desde su inviolabilidad seguros de ser impunes y, por lo mismo, procurarían poner más cuidado en sus resoluciones y fallos; también evitaría una buena porción de eso denominado (mal denominado por políticos ignorantes y cafres) "violencia de género". Podemos cerrar los ojos y taparnos los oídos; pero, lo cierto, es que muchos de los casos de violencia doméstica que nos estremecen a diario son fruto del agotamiento de un padre harto de chocar contra un muro inexpugnable y a quien, una vez destrozados los nervios y vaciada la cartera, no le dejan otra opción que tirar por la deplorable calle del medio.

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