martes, 12 de julio de 2011

Se recrudece. Al parecer, la crisis se encona a pesar de la unánime voluntad de conjurarla. Los países "hacen sus deberes" y, aun así, el caos económico persiste. Las causas, después de oír a unos y a otros, son de lo más variado y los culpables, después de oír a unos a y a otros, rematan en una conclusión estremecedora: los ciudadanos y su consumismo, su imprevisión, su querer vivir por encima de sus posibilidades.
Trasladar (como hacen en Intereconomia) la responsabilidad a la población y exonerar a los bancos -de quienes esa emisora espera, sin duda, "favores" que le permitan seguir emitiendo- es obsceno además de mentira (no incierto ni falso: mentira).
Las empresas (entre ellas las de construcción) buscan, por definición, el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Para eso, los bancos en concreto, siempre han inventado nuevas fórmulas que disfrazadas de generosidad hacia sus clientes han vulnerado la ética más elemental. Productos que, siendo en muchos casos de dudosa legalidad, han modificado a su gusto los criterios establecidos en economía. Han creado nuevos conceptos que, como siempre, son axiomas. Nadie vigiló. La ciudadanía se quejaba de las incomprensibles e insostenibles subidas de precios que les obligaba a pedir créditos no para consumir más sino para sostener lo que se tenía: la caldera que se rompe, comer, la hipoteca/alquiler, la revisión del coche, las fotos para la renovación del carnet... Quienes tenían algún dinero o alguna propiedad quisieron hacer también su agosto y obtener cacho de la "oportunidad". El alquiler medio de una vivienda, por ejemplo en Madrid, es de 1.200 euros; el sueldo... Ya se sabe.
El consumo estaba asegurado y aseguraba la desproporción porque fluía el crédito incentivado y programado por los bancos al respaldo de un trabajo que se esperaba seguro para que continuara generando esclavos deudores y eso se aprovechó de la manera más inmoral y abyecta. Mucho más en un mercado en el que la colusión (tácita o no) es una práctica que disuelve en absoluto cualquier conato de aplicación de la "ley de la oferta y la demanda". Esa práctica de precios concertados, descaradamente vigente, se sigue permitiendo como se permite la usura o el pagar por servicios o productos no consumidos. Tal es el poder las empresas (grandes) frente al poder soberano y, de ahí, en cascada.
Añadamos a estas conductas, otra a la que los fabricantes nos han abocado: la obsolescencia. ¿No es irónico -o paradójico- que resulte más barato cambiar una lavadora que repararla? Pero, claro, para reparar la lavadora en vez de cambiarla, lo lógico es que el técnico me cobre menos (permitiéndome una amortización razonable de la máquina) de lo que me cuesta un aparato nuevo, a estrenar, y no que sólo por el hecho de "verla", por "desplazarse" (como si dicho desplazamiento no formara parte de su trabajo), el tipo me cobre ya, de entrada, 60 euros.
Hasta que se descubrió el pastel, la trampa y el cartón. Una trampa que, aunque descubierta, sigue indemne y los tramposos, libres.
Hay mala praxis. Unas prácticas viciadas que además se contagian: ¡pues no se inventan -por ejemplo- el seguro y la operadora de telefonía una cláusula aplicada por los bancos (de manera irregular) y que no figura en sus contratos y que, además sería abusiva entre otras muchas que también tienen y a las que nadie persigue de oficio! Y lo peor es que esas mismas "comisiones" (ilegales) las aplica la propia administración. Porque la administración forma parte de la misma corrupción. Porque la administración alienta la corrupción y a la vista está, demostrado con independencia de que los jueces y los fiscales, partícipes del tinglado, exculpen o hagan la vista gorda.
La conclusión, mi conclusión, es que todo el sistema está corrompido de pies a cabeza y que es esa corrupción la que ha permitido la crisis y la que la va a mantener

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