Se rumorea que el ser humano lleva dándose leyes más de cuatro mil años. En realidad, lo que esto significa no es que el ser humano esté preocupado por la convivencia, sino que a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha conseguido resolver el problema.
Anoche leía un "barómetro" según el cual más del setenta por ciento de los profesionales de la abogacía en España están disconformes con el funcionamiento de "nuestra justicia". La irritación de la ciudadanía también es palpable en los distintos sondeos en donde suele destacar una desconfianza estremecedora hacia los jueces y hacia su excesivo volumen de errores.
Y lo peor de todo es que tanto la desconfianza como la irritación están plenamente justificadas si atendemos a los datos arrojados por diversas estadísticas, algunas procedentes del "seno de la bestia", del mismo corazón de la máquina judicial.
Admitir leyes mal elaboradas, atrofia la justicia; pero, admitirlas y además justificarlas a través de sentencias es una aberración humana.
Eso es lo que ocurre en un sistema, como el español, viciado. Un sistema que permite un desamparo absoluto del ciudadano frente a un juez que se considera infalible y todopoderoso consciente de que sus decisiones nunca conllevarán un castigo hacia su persona; consciente de que dicho ciudadano, además, carece de mecanismos y recursos para ir contra ese juez que cobardemente se oculta tras el poder absoluto y la calidad de intocable que le confiere, inexplicable e ilógicamente, la toga. Que jueces y fiscales operen con la confianza de que sus decisiones quedaran impunes y ellos exonerados de responsabilidad, es abominable y, desde luego, contrario al principio más elemental de la justicia.
Las leyes, en principio, se crean para intentar hacer justicia, reparar daños y proteger la concordia social. De ahí que sean modificables en virtud de las necesidades humanas y no puedan ser consideradas axiomas ni dogmas de fe. Las leyes son, sólo, herramientas, normas orientativas que dejan de tener valor cuando no cumplen con la pretensión de hacer justicia. Apelar al cumplimiento de la ley, a su estricta interpretación, es un refugio miserable al que sólo los pusilánimes acomplejados acuden y bajo el que se excusan para lavarse las manos como Poncio... Y lo hacen. Pero, también hay que tener en cuenta la "interpretación", la opinión.
No debemos confundir justicia con ley.
¿Qué pasa cuándo un juez acude al tribunal con estreñimiento? ¿No se mueven también influídos por el aspecto de una persona, por su carisma o por las notas de sus hijos? ¿No tienen sus perversiones y depravaciones particulares, sus filias y fobias, sus maniqueísmos personales o sus fetiches?
El juez no es un ser excepcional ajeno a cada una de las influencias y estímulos a que estamos sometidos el resto de los mortales. Y precisamente por eso, porque comete errores, debe asumirlos: tanto en la interpretación de las leyes como por sus exposiciones o criterios personales a la hora de sentenciar. Ningún juez, ningún fiscal, puede jugar con la vida de un ciudadano con la impunidad con que hasta ahora lo hacen.
La caridad (por mucho que se diga) no empieza por uno mismo; por uno mismo empieza el egoísmo y lo que sí hay que hacer es predicar con el ejemplo. No se puede tener autoridad moral sin moral y lo cierto es que nuestros jueces no son trigo limpio en un buen porcentaje.
Nuestra máquina judicial necesita una limpieza a fondo, una depuración profunda cuya primera medida es eliminar la intocabilidad de sus "sacerdotes". Claro que para llevar esa asepsia a cabo se precisa la voluntad de otra casta, de otros que sin permiso de nadie también se han dado a sí mismos la cualidad de omnipotentes.